La conversión de la acción penal y la figura del acusador privado en Colombia

En este artículo se busca hacer un recorrido por el estado del arte acerca de la conversión de la acción penal -en adelante CAP- de pública a privada y la figura del acusador privado -en adelante AP- en Colombia. Hasta antes de la modificación en la Constitución Política introducida por el Acto Legislativo 06 de 2011, el ejercicio de la acción penal estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación -en adelante FGN-, posteriormente se creó la posibilidad de que las víctimas de ciertas conductas punibles pudieran solicitar la CAP, y a través de la figura del AP, fueran ellas las que hicieran el papel del fiscal del caso y adelantaran la investigación penal. Pero fue solo a través de la expedición de la Ley 1826 de 2017, cuando se reglamentó esa posibilidad y a partir de la cual, las víctimas pueden solicitar la conversión de la acción ante la FGN. De esta manera, encontraremos en el artículo distintas posiciones sobre la figura del AP, pasando desde autores que la ven como una medida que puede ayudar a descongestionar el sistema penal colombiano, hasta otros que afirman que puede ser una forma de exclusión social pues para su ejercicio se requiere de un abogado particular y en muchos casos las víctimas de las conductas penales no tienen los recursos económicos para costear uno.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Penal y CriminologíaThis article seeks to review the state of the art regarding the conversion of criminal action -hereinafter CAP- from public to private and the figure of the private accuser -hereinafter AP- in Colombia. Until before the modification in the Political Constitution introduced by Legislative Act 06 of 2011, the exercise of criminal action was headed by the Attorney General's Office -hereinafter FGN-, subsequently the possibility was created that the victims of Certain punishable behaviors could request the CAP, and through the figure of the AP, they were the ones who played the role of the prosecutor of the case and advanced the criminal investigation. But it was only through the issuance of Law 1826 of 2017, when this possibility was regulated and from which, the victims can request the conversion of the action before the FGN. In this way, we will find in the article different positions on the figure of the private accuser, ranging from authors who see it as a measure that can help decongest the Colombian penal system, to others who affirm that it can be a form of social exclusion, since its exercise requires a private lawyer and in many cases the victims of criminal conduct do not have the economic resources to pay for one

Implementation and effectiveness of private criminal action in Colombia since Law 1826 of 2017 within the framework of the principle of equality

La acción penal privada en Colombia fue implementada a partir de la ley 1826 de 2017, la cual trajo consigo no solo la creación del procedimiento especial abreviado, sino además la inserción de la figura del acusador privado, mecanismo al que puede acceder diferentes víctimas con la representación de un abogado de confianza, quien deberá ser el encargado de solicitar ante la Fiscalía General de la Nación, la conversión de la acción penal pública a la privada, y en caso de ser avalada, ejercer la acción penal correspondiente hasta su judicialización. No obstante, luego de la promulgación de la norma en cita, es preciso indagar si la figura del acusador privado ha sido del todo efectiva para garantizar el acceso a la administración de justicia, así como para descongestionar los despachos judiciales y optimizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas dentro de un plazo razonable, partiendo de la base de que si las víctimas no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado y los consultorios jurídicos a la fecha no se encuentran preparados para asumir el rol de acusador privado con sus estudiantes, esta novedosa alternativa jurídica, se encuentra supeditada al factor económico de las personas directamente afectadas con la comisión de un delito, como a lo largo de este trabajo se evidenciará. Por lo anterior, resulta necesario analizar la implementación y efectividad de la acción penal privada en Colombia dentro del marco del principio de igualdad, atendiendo las precarias condiciones económicas en las que se encuentran un gran número de víctimas dentro del proceso penal, lo que desde ya permite visualizar que sólo podrán acceder a un acusador privado aquellas personas que cuentan con los recursos económicos para pagarlo.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho penal, procesal penal y ciencias penalesThe private criminal action in Colombia was implemented from Law 1826 of 2017, which brought with it not only the creation of the special abbreviated procedure, but also the insertion of the figure of the private prosecutor, a mechanism that can be accessed by different victims with the Representation of a trusted lawyer, who should be in charge of requesting before the Attorney General's Office, the conversion of the public criminal action to the private one, and if it is endorsed, exercise the corresponding criminal action until its prosecution. However, after three years of promulgation of the aforementioned rule, it is necessary to investigate whether the figure of the private prosecutor has been fully effective in guaranteeing effective access to the administration of justice, as well as in decongesting judicial offices and optimizing the right to effective judicial protection of the victims within a reasonable time, based on the basis that if the victims do not have the financial resources to hire a lawyer and the legal offices to date are not prepared to assume the role of accuser private with its students, this novel legal alternative is subject to the economic factor of the people directly affected by the commission of a crime. Therefore, it is necessary to analyze the implementation and effectiveness of private criminal action in Colombia within the framework of the principle of equality, taking into account the precarious economic conditions in which a large number of victims are found in the criminal process, which already makes it possible to visualize that only those people who can afford it will be able to access a private prosecutor

Modelo de gestión para el control fiscal: Paradigmas de eficacia ante la corrupción en el Estado colombiano

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas"Modelo de gestión para el control fiscal: Paradigmas de eficacia ante la corrupción en el Estado colombiano" en virtud del doctorado en derecho que me encuentro realizando en la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (EDUPO), el cual se enmarca dentro de las líneas del derecho constitucional, administrativo, derechos Humanos y Desarrollo, en el contexto de entes autónomos: Contraloría General de la República de Colombia, cuyo fin es analizar las principales problemas de la CGR y su relación con las contralorías territoriales, a fin de identificar posibles soluciones a las deficiencias en el ejercicio del control fiscal en Colombia, de tal forma que en virtud de las modificaciones propuestas, se logre un verdadero impacto en la disminución del fenómeno de la corrupción en Colombia y la efectividad de la recuperación de recursos públicos. Los capítulos a desarrollar son: CAPITULO I: LAS DEBILIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES: CALDO DE CULTIVO PARA LA CORRUPCIÓN; CAPITULO II: SISTEMA DE CONTROL FISCAL; CAPITULO III CONTROL FISCAL CIUDADANO: Caminos por construir; CAPITULO IV: EL SISTEMA DE CONTROL FISCAL COLOMBIANO: ¿El resurgimiento o el fin?; CAPITULO V: REINGENIERÍA DEL CONTROL FISCAL: PROPUESTAS. CONCLUSIONES. Se acudirá a biografía de autores nacionale se internacionales tales como: CAICEDO CUERVO, Carlos Jorge; DE VEGA BLÁZQUEZ, Pedro; GARZÓN VALDÉS, Ernesto; LUNA TOBAR, Alberto; ORELLANA VARGAS, Patricio; PRESNO LINERA, Miguel Ángel y consulta virtual en http://www.corrupcion.unam.mx/ http://www.auditoria.gov.co/ http://www.compoliticas.org/vinculos.htm http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/pllop.html www.gobiernoenlinea.gov.co http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/homepage.php http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal http://www.eumed.net/libros-gratis/ http://www.biblioteca.org.ar/resultados.aspUniversidad Pablo de Olavide. Departamento de Derecho PúblicoPostprin

Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) ha monitoreado la situación de los derechos humanos en la República de Colombia (en adelante “Colombia”, “el Estado” o “el Estado colombiano”), en particular, la evolución del conflicto armado interno a lo largo de más de cinco décadas y su impacto en la protección, goce

DESCRIMINALIZACION DEL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA ESTUDIO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA DURANTE LOS AÑOS 2019,2020,2021,2022

La rama del derecho penal ha sido catalogada como el último recurso del derecho sancionatorio, lo cual significa que “el derecho penal no participa en la regulación de la totalidad de comportamientos del hombre en sociedad, en tanto, solo intercede impidiendo que se produzcan atentados graves en contra de importantes bienes jurídicos” (Lozano, 2003, como se citó en Martínez, 2011). En este sentido, lo arriba mencionado permite establecer que el derecho penal es la rama competente para brindar soluciones a conductas que infringen de manera relevante los bienes jurídicos, como resultado de problemas que de cierta forma no han sido solucionados, de manera radical por las otras áreas del derecho; por ende, cuando se crea un tipo penal es imprescindible estudiar la sanción que se pretende imponer, como resultado de la adecuación de los hechos de la conducta punible. Así las cosas, con el transcurrir del tiempo, a grandes rasgos se ha hecho referencia de un derecho, que sin importar cuál sea, necesariamente se direcciona a una pretensión que recae sobre un determinado objeto o persona y, por consiguiente su reconocimiento jurídico; pero en lo que respecta al objeto del presente documento, dentro de esas pretensiones se encuentra el derecho a los alimentos, el cual responde a la satisfacción de un sin número de necesidades básicas, siendo necesaria para la vida del alimentario, aunque esto implique por disposición legal los factores imprescindibles para la manutención, vestido, techo, salud, la parte educativa, y de manera general, lo que se considera vital para los menores o a quien le asista el derecho a reclamar legalmente para que alcancen un desarrollo integro, pues así lo ha expuesto la Honorable Corte en materia 8 constitucional, de la siguiente manera: “El derecho a los alimentos se define como aquel que le corresponde a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su manutención, cuando su situación no es la adecuada para proporcionárselos por sí solo. En este orden de ideas, la obligación alimentaria le compete a quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad, con el objetivo de garantizar la supervivencia y desarrollo del merecedor de alimentos”. (Corte Constitucional, Sentencia C- 0919, 2001). No obstante, esas pretensiones han sido reconocidas gradualmente en instrumentos jurídicos, como lo son por orden jerárquico: la carta magna, las leyes y la jurisprudencia, permitiendo que se catalogue como una pretensión jurídica, o un derecho en sentido estricto, lo que significa que por un lado, se puede hacer uso de garantías jurídicas para hacerlo valer, y por el otro, más allá de la vía jurídica, la protección de los derechos que han incrementado su ámbito de aplicación, tanto en el ámbito jurídico, personal como social, que puede servir para generar medidas que incentiven su materialización. En este sentido, para la elección del tema objeto de estudio se ha tenido como sustento, el escenario en el que actualmente se encuentran los menores, quienes son calificados como sujetos de mayor protección acorde a lo establecido en la constitución, en razón a su estado de indefensión, sin que se deje de lado a los demás sujetos que por disposición legal tienen derecho a percibir alimentos en nuestro país, quienes deben acudir a los órganos y autoridades en el ámbito judicial competentes para requerir la protección de sus derechos, dado que existe una reglamentación amplia en el tema, toda vez que en la práctica existen problemáticas frente a su aplicación, verbigracia, la parte probatoria por parte de la persona 9 obligada a suministrar alimentos frente a su capacidad económica, como también las maniobras estipuladas como fraudulentas, que buscan eludir el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos jurídicos que han pretendido satisfacer plenamente el derecho a la alimentación, y que como producto de esta eventualidad, cuenta con una amplia regulación legal, sus dificultades han recaído en la conducta penal de inasistencia alimentaria, siendo evidente el gran porcentaje de denuncias por dicho delito, al cual se le ha dado tratamiento a nivel jurídico desde hace mucho tiempo, permitiendo desde luego notorios avances, pero se ha quedado corto en la búsqueda de un mejor tratamiento ante este incumplimiento legal, pues de esta manera el legislador le ha dado uso a los diversos mecanismos para brindar soluciones efectivas al problema, pero, ha sido imposible solucionar el inconveniente dadas las complicaciones presentadas, desde una óptica de derechos humanos. En este orden de ideas, la investigación tiene como propósito realizar un estudio a la referida problemática, fundamentado en que existe un desgaste en el ordenamiento jurídico colombiano contemplar una dualidad normativa a efectos de poder reclamar alimentos frente a el incumplimiento de dicha obligación; de esta manera se procederá a explicar en qué radica la inasistencia alimentaria, la evolución que ha tenido, la importancia de la normatividad y la reglamentación que le facilita a quien tiene derecho a los alimentos, la reclamación de los mismos, precisiones sobre el tratamiento del derecho comparado en materia de inasistencia alimentaria; además, se precisará que la reclamación idónea es la vía civil, siendo más que suficiente y necesaria permitiendo con ello su descriminalización por la vía 10 penal, ya que no es suficiente para garantizar dicho derecho, por el contrario, generaría otro tipo de consecuencias como el incremento del hacinamiento carcelario. De la misma manera, se hará hincapié en la seguridad que radica en materia civil frente al cuestionamiento social presente en Soacha, por el incumplimiento reiterado de quienes tienen la obligación de suplir este derecho, así mismo el establecimiento de las diferentes estrategias que debería emplear el Estado Colombiano ante esta situación.UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA-FACULTAD DE DERECHO.PROGRAMA DERECHO Y CIENCIAS POLITICASThe branch of criminal law has been classified as the last resort of the penal law, which means that "criminal law does not participate in the regulation of the totality of behaviors of man in society, meanwhile, only intercedes by preventing serious attacks against important legal assets” (Lozano, 2003, as cited in Martínez, 2011). In this sense, the aforementioned allows us to establish that criminal law is the competent branch to provide solutions to behaviors that infringe relevant legal goods, as a result of problems that in a certain way do not they have been solved, in a radical way, by other areas of law; thus, When a criminal type is created, it is essential to study the sanction that is intended impose, as a result of the adequacy of the facts of the punishable conduct. Thus, with the passage of time, broadly speaking, it has become reference of a right, which regardless of what it is, is necessarily addressed to a claim that falls on a certain object or person and, therefore, consequently its legal recognition; but as regards the object of the present document, within those claims is the right to food, which responds to the satisfaction of a number of needs basic, being necessary for the life of the food, although this implies for legal provision the essential factors for maintenance, clothing, shelter, health, the educational part, and in general, what is considered vital for the minors or whoever has the right to legally claim for them to reach a integral development, as it has been exposed by the Honorable Court in matters 8 Constitution, as follows: "The right to food is defined as that which corresponds to a person to claim from the obligated person legally to give them, what is necessary for their maintenance, when their situation is not the right one to provide them by itself. In this order of ideas, the maintenance obligation is the responsibility of those who by law must sacrifice part of their owned by him, with the aim of guaranteeing the survival and development of the deserving food". (Constitutional Court, Judgment C-0919, 2001). However, these claims have gradually been recognized in legal instruments, as they are in hierarchical order: the Magna Carta, the laws and jurisprudence, allowing it to be classified as a legal claim, or a right in the strict sense, which means that on the one hand, use can be made of legal guarantees to enforce it, and on the other, beyond the legal channel, the protection of rights that have increased their scope of application, both in the legal, personal and social fields, which can be used to generate measures that encourage their materialization. In this sense, for the choice of the topic under study, the support, the scenario in which the minors currently find themselves, who are classified as subjects of greater protection in accordance with the provisions of the constitution, due to their state of defenselessness, without leaving aside the other subjects that by legal provision have the right to receive food in our country, who must go to the bodies and authorities in the judicial field competent to require the protection of their rights, given that there is a extensive regulation on the subject, since in practice there are problems Faced with its application, for example, the evidentiary part by the person 9 obliged to supply food in front of her economic capacity, as well as maneuvers stipulated as fraudulent, which seek to evade compliance with obligations. However, despite the great legal efforts that have sought fully satisfy the right to food, and that as a product of this eventuality, it has a broad legal regulation, its difficulties have fallen in the criminal conduct of lack of food assistance, being evident the great percentage of complaints for said crime, which has been treated at a legal level since a long time ago, allowing notable advances of course, but it has remained short in the search for a better treatment in the face of this legal breach, since In this way, the legislator has used the various mechanisms to provide effective solutions to the problem, but, it has been impossible to solve the inconvenient given the complications presented, from a perspective of human rights. In this order of ideas, the purpose of the research is to carry out a study to the aforementioned problem, based on the fact that there is wear in the Colombian legal system contemplate a normative duality for the purposes of to be able to claim alimony in the event of a breach of said obligation; this In this way, we will proceed to explain in what lies the lack of foo

El derecho como fenómeno tecnológico: elementos para un análisis tecnológico del derecho y un estudio de caso

[ES]La presente tesis busca formular al menos bases sólidas para poder entender el fenómeno jurídico como un fenómeno tecnológico, persiguiendo las bondades de marco social, análisis y evaluación que nos puede proveer una mirada como ésta. Las conclusiones de esta tesis nos llevarán, no solamente a dar cuenta de la viabilidad o inviabilidad del entendimiento o abordaje del Derecho como tecnología social, sino también, a esbozar ciertas proyecciones que afloran de este abordaje, tanto con relación a algunos aspectos puntuales del fenómeno y quehacer jurídicos (invitando a un replanteamiento de los mismos), como sobre lo que podría ser el propio futuro de la cuestión jurídica frente a una cuarta ola “tecnológica” que lo reta de una forma cada vez más directa. Y, dado lo relativamente novedoso del enfoque que proponemos, a lo que al final se está invitando a través de éste no es algo concluido, sino más bien (como algún metodólogo investigativo nos señalaba recientemente a varios doctorandos) el marcaje de un comienzo para muchas exploraciones y actuaciones hacia el futuro alrededor de lo que aceptamos mayoritariamente como “el campo del Derecho”*

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

La evaluación previa a las concentraciones empresariales en el Perú: análisis desde la economía social de mercado

Explica por qué la ausencia de la evaluación previa a las concentraciones empresariales en el Perú contraviene al principio de libre competencia desde la economía social de mercado. Para dicho efecto, se ha tomado en cuenta los aspectos propios de la economía social de mercado, ya que -en ocasiones— se han contravenido sus conceptos con los de concentración empresarial. Precisamente, debido a este tipo de confusiones por desconocimiento de lo que significa el régimen de economía social de mercado, se enfoca el tema desde dicha perspectiva. Más aún, con la vigencia de la Ley N.° 31112, lo cual conlleva a preguntarnos si hay motivos justificados para su promulgación. En ese sentido, se establece si la ley vigente está dirigida a que se cumpla su finalidad o si solo se trata de una función simbólica. De esta manera, la presente investigación brinda fundamentos puntuales como parte de la propuesta para apostar por la evaluación previa a las concentraciones empresariales en aras de preservar la libre competencia dentro de adecuadas interpretaciones acordes a los alcances de lo que significa una economía social de mercado

Insurgencia y Rebelión, Inconsistencias en los Delitos Contra los Poderes del Estado

El Derecho Penal Político es una rama muy específica del Derecho Penal que se ocupa de estudiar los delitos que tienen como agraviado directo al ordenamiento constitucional y que por ello son denominados como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional; si bien esta rama del Derecho no está especialmente desarrollada doctrinalmente destaca dentro de su campo de estudio el tema de la rebelión que es definida como el alzamiento en armas con el propósito de derrocar o sustituir a un gobierno o a una autoridad. La rebelión, como movimiento social de carácter violento, está ligado a nuestra historia constitucional desde nuestros orígenes republicanos, lo cual puede verse en la gran cantidad de cambios abruptos en el poder central lo que motivaba a su vez la promulgación de nuevas Constituciones. Por el contrario, la insurgencia que significa el alzamiento en contra de un gobierno ilegítimo parece tener un antecedente más actual a partir de su enunciado en la Constitución de 1979. El problema radica aquí en que hay una grave mixtificación que usa a la rebelión y a la insurgencia como sinónimos cuando claramente se trata de conceptos diferenciados. En el presente estudio hemos podido identificar que esta problemática se extiende también a la tipificación jurisdiccional de los delitos contra los poderes del Estado donde muchos casos en los cuales existe identidad de actos son resueltos de manera diferente por el juzgador y, al mismo tiempo, va quedando claro que existe intromisión del poder político en dicho juzgamiento, puesto que para los opositores al sistema se les juzga con la dura ley mientras a los que son afines no se les aplica la norma, resultando así que tanto la insurgencia como la rebelión alcanzan matices coyunturales y políticos que están alejados de su verdadera naturaleza jurídica

Los campesinos de La Esperanza : microhistoria rural vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral - Antioquia

RESUMEN: Se trata de un trabajo de investigación Microhistórica o de Historia Local a partir de diversas fuentes primarias (archivos locales, regionales, prensa y fuentes orales) que reconstruye la Historia de La Esperanza, un territorio veredal que se encuentra en un lugar compartido por los municipios de Cocorná y El Carmen de Viboral, pero en jurisdicción de éste último, en aspectos de la vida social, religiosa, económica y política, desde que los primeros colonos arribaron a ese lugar a finales del siglo XVIII. El texto involucra una reflexión sobre el papel de la geografía, el clima y los recursos naturales en la historia de la población estudiada. Permite al lector conocer la presencia institucional del Estado, las tradiciones locales y las prácticas económicas. Asimismo, esta investigación aborda el estudio de las dinámicas del conflicto armado colombiano y la violencia derivada de los problemas de convivencia entre vecinos, el periodo de la Violencia de mediados de siglo XX y los fenómenos que se entrecruzaron en las décadas de 1980 y 1990, los cuales tuvieron una expresión cruenta en la desaparición y asesinato de más de 16 personas en 1996.ABSTRACT: This is a microhistory or local history research based on various primary sources (local and regional archives, press and oral sources) that reconstructs the history of La Esperanza, a rural area located in a place shared by the municipalities of Cocorná and El Carmen de Viboral, but in the jurisdiction of the latter, in aspects of social, religious, economic and political life, since the first settlers arrived there at the end of the 18th century. The text involves a reflection about the role of geography, climate, and natural resources in the history of the population studied. It allows the reader to learn about the institutional presence of the State, local traditions, and economic practices. Likewise, this research deals with the study of the dynamics of the Colombian armed conflict and the violence derived from the problems of coexistence between neighbors, the period called “la Violencia” in the middle of the 20th century and the phenomena that intertwined in the 1980s and 1990s, which had a bloody expression in the disappearance and murder of more than 16 people in 1996